Para el Consejo General no hay duda: obligar a las víctimas de accidentes de tráfico a tributar por la indemnización percibida supone "un ataque frontal a la base del sistema asegurador que añade un nuevo perjuicio al afectado y aumenta los litigios". Esa posibilidad que analiza el Gobierno y de la que ya hemos informado, forma parte del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal e incluye una modificación en la ley del IRPF. Implica que las víctimas de accidentes tendrían que tributar por la indemnización que reciban si ésta se consigue a través de un pacto amistoso, no por las percibidas tras un proceso judicial. Para las indemnizaciones logradas de forma amistosa cuando intervenga un tercero neutral se formalizarían ante notario los acuerdos extrajudiciales, "con el nuevo perjuicio económico que pudiera implicar. Además, dificultaría cerrar acuerdos de forma amistosa".

El Consejo General considera que "la medida no tiene sentido y es fruto de la ignorancia de los principios básicos del seguro,  en tanto que afectaría al principio de restitución íntegra del daño. Las indemnizaciones que reciben las víctimas nunca son un incremento patrimonial ni una obtención de renta, sino un resarcimiento de un perjuicio que solo busca reponer en el mismo estado en el que se encontraba la víctima antes del siniestro, y de no conseguirlo, paliar su perjuicio económico. Además, aumentaría la carga de trabajo de los tribunales, ya de por si congestionados, al disparar la presentación de litigios con el objetivo de evitar el pago del impuesto".

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