Un paso menos para la Autoridad del Cliente Financiero, contraria a la voluntad del seguro

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por 186 votos a favor, 47 en contra y 95 abstenciones, el Proyecto de Ley por el que crea la Autoridad Administrativa Independiente del Cliente Financiero. Según apunta el Gobierno esta nueva figura servirá "para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes".

Ahora el proyecto se remite al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria. El texto aprobado hoy coincide con el dictamen que emitió la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital puesto que se han rechazado todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

Entre ellas las presentadas por Adecose. La asociación ha lamentado que no se incluya su propuesta de enmienda de protección al cliente hipotecario a este proyecto. La enmienda fue presentada por los grupos de Ciudadanos, ERC, PDeCAT y PNV y fue retirada antes de la última votación en el Congreso.

Esta enmienda proponía, entre otros aspectos, que las entidades financieras tuvieran que advertir al prestatario sobre los seguros contratados mediante prácticas de venta vinculada o combinada con una antelación mínima de dos meses del vencimiento de cada anualidad. Además, tendrían que indicar el derecho a contratar los seguros con un proveedor diferente. Junto a esto, también se establecía que si el seguro de garantía del cumplimiento de las obligaciones del préstamo fuera un seguro de Vida, la póliza debía ser renovable en cada anualidad, equivalente al capital pendiente de amortización y nunca de prima única.

Adecose indica que su propuesta ha estado bien valorada por distintas formaciones políticas e insistirá en su inclusión en el procedimiento que ahora comienza en el Senado. También la asociación insistirá en ello cuando se inicie el proceso de revisión de la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y su posterior transposición en el ordenamiento español.

Rechazo del seguro

La nueva figura, que unifica los servicios de reclamaciones del Banco de España, CNMV y DGSFP, afecta a los servicios bancarios y de pagos, la comercialización de seguros, los Fondos de Pensiones y otros instrumentos de ahorro, así como la actividad de los Fondos de Inversión y otros agentes del mercado de capitales. En la exposición de motivos, se explicaba que la nueva figura se orienta a facilitar la resolución de litigios entre los clientes y las entidades que operan en el ámbito de la prestación de servicios financieros.

El sector asegurador ha mostrado en varias ocasiones su descontento. Desde Unespa se rechazaba esta figura y se invitaba al Ejecutivo a dotar de más recursos a las instancias públicas de gestión de reclamaciones en lugar de crear "una nueva autoridad cuyos medios no están claros y que, por lo tanto, puede caer en la misma ineficiencia que busca eliminar". La patronal añadía que creando esta nueva institución se corre el peligro de "que juzgue todos los conflictos interpretativos financieros como si fuesen iguales, cuando no lo son. Quien sabe juzgar el condicionado de un depósito a plazo, no necesariamente entiende el contrato de un seguro de automóvil". La organización ha apuntado también que el seguro es "escasamente litigioso" y se considera que los sistemas funcionan puesto que cumplen con la norma de responder en 30 días: "Nosotros ni somos lentos, ni ineficientes".

Otra de las quejas del seguro tiene que ver con las tasas. Para el seguro, "no tiene sentido la propia configuración como tasa, no tiene sentido que la tasa sea independiente del resulto y no tiene sentido el importe". Añade más y resalta el sector que al final supone obligar que en cualquier reclamación por debajo de 250 euros tenga razón el reclamante y se le pague 90 ó 150 euros. Esto se encaminará a que "desaparezcan muchos productos con franquicia antes que pagar 250 euros de la tasa que son un sinsentido".

Por su parte, el Consejo General de los Colegios de Mediadores manifestaba su satisfacción por la eliminación de la tasa de 250 euros por la reclamación que introducía esta nueva figura. Indicaba la institución que el cambio era una medida "lógica y ajustada a derecho". Como se sabe, esa tasa la debían de pagar los negocios de mediación y las empresas demandadas. Después de la supresión, el nuevo organismo se financiará mediante una tasa anual a pagar en función del número de casos fallados en contra de la empresa en lugar de a priori.

Autonomía e independencia

Según explica la nota difundida por el Congreso, esta única autoridad goza de "autonomía e independencia y sus resoluciones se dictarán con celeridad, atendiendo a criterios uniformes". Añade que la principal diferencia con el modelo actual es "el carácter vinculante de las resoluciones" siempre que la cuantía de la reclamación sea inferior a los 20.000 euros.

Si quiere recibir diariamente y GRATIS noticias como esta, pinche aquí