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El Consejo General de los Colegios de Mediadores ha emitido un comunicado en el que "exige" la aplicación "con urgencia" de la nueva Directiva de Distribución de Seguros (IDD). Señala este organismo que su "no aplicación supone un perjuicio para el sector".

A pesar de este retraso, el organismo de derecho público asegura que los mediadores de seguros, a través de los colegios, llevan tiempo preparándose para su aplicación y trabajando en adoptar sus contenidos a las nuevas exigencias. Concretamente, "ya están operando con la Directiva a pesar de no haber sido traspuesta al derecho español, con profesionalidad pero sin respaldo jurídico adecuado".

Destaca el organismo que ante la variedad de los canales de distribución esta directiva "garantiza la igualdad de trato entre todos los operadores para facilitar la libre competencia". Considera también que con esta ley el consumidor queda mejor protegido en la Unión Europea, independientemente de la vía de contratación del seguro, garantiza los adecuados conocimientos profesionales, refuerza la transparencia e información previa en la contratación y establece un régimen de "sanciones eficaz".

En relación a la protección de los consumidores sigue rigiendo la actual Ley de Mediación. Aun así, el Consejo General afirma que los mediadores están utilizando o aplicando el documento de información previa que recogen las exigencias de información de la nueva IDD, a pesar de que todavía no es obligatorio.

Afecta más al nuevo

El secretario general del Consejo, Pablo Wesolowski, indica que "aunque no hay desprotección", esta situación "genera cierta inseguridad e incertidumbre que no ayuda", especialmente para una persona física o jurídica que quiera presentar un expediente ante la DGSFP para operar como corredor, agente o mediador de seguros complementario. Cree que la "inseguridad jurídica afecta más al nuevo operador que al que ya está en el mercado".

El sector cree, como prometió el actual Gobierno en funciones, que esta norma estará entre las primeras que se aprobarán cuando se forme el nuevo ejecutivo que saldrá de las elecciones de este domingo. Por lo tanto, la opinión general es que la Directiva se implementará en el derecho español a lo largo del primer trimestre del próximo año.