Grupo Aseguranza

Poco a poco van trascendiendo algunas de las medidas que incorporará el borrador del anteproyecto de la nueva ley de pensiones que, en palabras del Gobierno, pretende garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

El Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson ha analizado estas medidas y subraya que, en términos generales, empeorarán la sostenibilidad del sistema público.

El Observatorio argumenta que este anteproyecto introduce una "importante asimetría" respecto al cálculo de la pensión de las jubilaciones anticipadas y, desde su punto de vista, es "difícil de entender si el objetivo es reducir la regresividad del actual sistema ya que la fórmula de cálculo que incluye penaliza a las jubilaciones voluntarias, dejando sin cambios el cálculo de las no voluntarias". También señala que "se sobrevalora el impacto del aumento de la edad efectiva de jubilación sobre el gasto en pensiones ya que un aumento generalizado de la edad efectiva de 1 año sólo supone un ahorro estimado del 1,8% del gasto en pensiones" y explica que "si el aumento sólo afectara a las jubilaciones anticipadas, como parece más realista, se produciría incluso un mayor gasto".

Asimismo, considera que "un aumento motu proprio de la edad efectiva sin aumentar la edad legal no tendría efectos relevantes sobre el gasto en pensiones medido en valor actual actuarial" y que también que "el ahorro de gasto en términos de VAA sería de un 5,69% si se diera el incremento de la edad legal en lugar de en la edad efectiva de jubilación".

Además, precisa que "la reforma actuarialmente más justa de los coeficientes reductores para alcanzar la neutralidad debería situarse en el entorno del 0,5% mensual" y rechaza otras propuestas que están apareciendo en el debate, como la de eliminar los coeficientes reductores con más de 40 años cotizados o la de aplicarlos tras limitar la pensión máxima.

En cuanto a la jubilación demorada, el análisis del Observatorio muestra que "aproximarse a la equidad actuarial llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora (7,2% por año), en paralelo a la anterior propuesta de coeficientes reductores mensuales del 0,5% para la anticipada". Indica que "actualmente existe otra asimetría importante entre la normativa de la jubilación anticipada y demorada" y pide que se corrija. En su opinión, "la propuesta del anteproyecto mejora la situación actual de la demorada, al elevar la bonificación al 4% por año y hacerla independiente de los años cotizados, pero se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses".

Los últimos análisis del Observatorio también muestran que el déficit contributivo anual de la Seguridad Social sobre el PIB ha seguido empeorando en el primer trimestre de 2021 debido a la lenta recuperación de los efectos de la crisis de la Covid-19. "El déficit contributivo anual del Sistema de la Seguridad Social sube al 2,88% del PIB, mientras que el déficit por operaciones no financieras se sitúa en el 1,43% tras el primer trimestre de 2021. De cara a los próximos trimestres se espera que empiece a corregirse parcialmente si no se producen rebrotes importantes en la crisis sanitaria. Con todo, la corrección del déficit no será completa porque una parte de la mejoría será absorbida por la salida de los ERTE y no por la creación de empleo nuevo, siendo difícil bajar del 2% a final de año", ha detallado Rafael Villanueva, manager del área de Retirement de Willis Towers Watson.