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La primera parte de la reforma de las pensiones ya ha sido aprobada por las Cortes Generales tras su paso por Congreso y Senado y será efectiva desde el 1 de enero de 2022. Implica que con el comienzo del año las pensiones se incrementarán en función de la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. Por tanto, en 2022 la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas. Si el IPC en el año fuera negativo la cuantía de las pensiones no experimentará cambios.

Para acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación se establecen cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

Por otro lado, para incentivar la jubilación demorada la norma establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Y se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4%; una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión (que puede llegar a 12.000 euros) y premiando las carreras de cotización más largas; y una combinación de ambas opciones.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional

Otra de las novedades es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Por un lado, se reactiva el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación será del 0,6% de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales. Si no se produjera una desviación de la senda de gasto previsto, "no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones".

Además, "en el caso de que a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. Si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos", añade el Gobierno.

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