Grupo Aseguranza

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han presentado una demanda contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a la que acusan de desviar unos 40 millones de euros procedentes de las primas que ha recibido de las aseguradoras (Unespa) durante los últimos cinco años a otros gastos en lugar, tal y como ordena la Ley, destinarlas exclusivamente a inversiones para mejorar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

El sindicato de bomberos explica que todas las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones…) que cuentan con servicio de bomberos perciben de las aseguradoras un 5% de las pólizas de seguros contra incendios contratadas en el correspondiente ámbito territorial y un 2,5% de las pólizas multirriesgo.

El sindicato exige al Gobierno regional que estos fondos se destinen urgente y exclusivamente a inversiones reales. Sin embargo, denuncian que en los últimos cinco años (2019-2023) en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid el patrón se repite, pues figura para este cometido una partida que, posteriormente, desaparece del programa económico del Cuerpo de Bomberos.

Otras Comunidades

Esta ilegalidad no es exclusiva de la Comunidad de Madrid, sino que viene sucediendo, cada vez más con frecuencia, en otros territorios como San Sebastián, Vitoria, Cantabria, Oviedo o Gijón, donde los bomberos ya han puesto el asunto en manos de la justicia. 

Precisamente el fallo del Tribunal Supremo fue ratificado el pasado 16 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, poniendo fin a un largo proceso judicial iniciado en 2015 y que condenó al consistorio de Gijón a destinar más de 1,5 millones de euros a inversiones reales que reviertan en un servicio más eficaz y seguro para los ciudadanos.

Manifestación en Madrid

Ante esta situación, cerca de 1.000 bomberos se han manifestado por las calles de Madrid. Además de denunciar el uso que desde el Gobierno autonómico se está haciendo de los fondos Unespa, los bomberos lamentan la deficiente situación en la que se encuentran algunos parques como Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Getafe.

La falta de inversión afecta especialmente a la flota de camiones y a la ausencia de vehículos de reserva, lo que obliga a tener que recurrir a los vehículos disponibles en otros parques para poder sustituir los averiados, generándose así un círculo vicioso de infradotación de medios. También dificulta la adquisición de la indumentaria profesional apropiada para intervenir ante casos de incendios. 

La ausencia de inversión es de tal envergadura que está llevando al desmantelamiento del Cuerpo de Bomberos madrileño, hasta el punto de que el servicio público para intervenir en casos de emergencia puede acabar privatizándose o quedar directamente en manos de voluntarios sin la suficiente capacitación, lo que amenaza especialmente a la competencia forestal que ostentan en la Comunidad de Madrid.

Al término de la manifestación ante la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid,  Israel Naveso, responsable del Sindicato de Bomberos, aseguró que "este agujero en la inversión afecta especialmente a los ciudadanos, pues va en detrimento de la calidad del servicio público y se traduce en un aumento de los tiempos de respuesta, deficiencias en vehículos, equipos de trabajo".

Por su parte, Javier Calzadilla, abogado del despacho Calzadilla Abogados, -responsable de interponer la demanda-, asegura que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid está saltándose la ley, como otras tantas administraciones, por lo que prevemos nuevas demandas en distintos territorios. Si no recibimos respuesta a la que acabamos de interponer, elevaremos el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)".

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