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El informe mensual de la deuda de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) de las Administraciones Públicas que el Banco de España publica hoy ha contado con una destacada revisión. Las razones de ello son dos: la incorporación de cambios habituales que se han producido en las fuentes estadísticas y la reclasificación de algunas entidades.

Entre ellas se encuentra la del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) que pasa a incluirse dentro del sector de las Administraciones Públicas. Indica el Banco de España en una nota informativa que las funciones de este organismo, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, "se estructuran tanto en el ámbito de las actividades aseguradoras como en el de la liquidación de entidades de seguro". Además, el CCS es la entidad gestora y administradora del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, cuya actividad se registra en las cuentas del sector Administraciones Públicas.

No cumple criterios metodológicos

Señala el Banco de España que hasta la fecha el CCS se había tratado en las cuentas nacionales como una unidad pública de mercado debido a que los ingresos recibidos se consideraban una prestación de servicios de seguro. Sin embargo, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales ha considerado que "la entidad debe reclasificarse como una unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas".

Este comité considera que el CCS "no cumple suficientemente" los criterios metodológicos definidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) "para ser considerada una unidad de mercado a efectos de las cuentas nacionales".

Esta reclasificación afecta al saldo de la deuda puesto que una parte de sus inversiones se materializa en valores de deuda emitida por el Estado y las CCAA y el importe de la deuda consolidada de las Administraciones Públicas "se ve reducido al consolidar estos valores", explica la nota informativa.

La cartera en firme de valores de deuda pública del consorcio tiene un valor nominal de 3.798 millones a cierre de 2019, un 0,3% del PIB y que reduce en esta misma magnitud la deuda PDE consolidada de las administraciones. Esta reclasificación se ha realizado en el primer trimestre de 2020 con efectos desde 2019.