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29 de abril
08:46 2019
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Cetraa busca vías de colaboración con la policía para luchar contra los talleres ilegales

Cetraa ha mantenido un encuentro recientemente con Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, para buscar vías de colaboración para luchar contra los talleres ilegales. En nombre de la patronal han comparecido Antonio Atiénzar, miembro del Comité Ejecutivo y presidente de Apetreva (Cetraa Albacete), y Ana Ávila, secretaria general de la Confederación.

El encuentro entre ambas entidades responde a la vinculación existente, en muchos casos, entre este tipo de establecimientos y algunos delitos como la manipulación del cuentakilómetros, el desmontaje y la venta de piezas y coches robados. En esta línea, Antonio Atiénzar subraya que "llevar a cabo reuniones como esta es fundamental para intercambiar impresiones con las diferentes fuerzas del orden, cuya labor es crucial, sobre la situación actual y adoptar decisiones de manera conjunta que contribuyan a acabar con esta lacra que tantos perjuicios ocasiona a la sociedad".

Más de 9.000 talleres son ilegales

La patronal, que abandera la lucha contra el intrusismo en el sector situándola siempre como una de sus prioridades, incide en que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir su erradicación. Por ello, subraya que las estimaciones ponen de manifiesto que aproximadamente el 20% de los talleres que operan en España es ilegal, siendo más de 9.000 los que actúan al margen de la ley. Asimismo, la Confederación enfatiza que la existencia de talleres clandestinos origina riesgos para la seguridad vial por la dudosa calidad de las reparaciones y de los materiales y recambios utilizados, afecta al derecho del usuario a la garantía de la reparación, y pone en peligro el medioambiente al desconocerse el destino de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividad, entre otros problemas.

Además, los talleres ilegales representan un gran foco de economía sumergida, cifrando la Confederación en más de 3.500 millones de euros las pérdidas económicas provocadas en el sector, como ya trasladaron representantes de la patronal a la Oficina Nacional de lucha Contra el Fraude a finales del año pasado.

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