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El Congreso de los Diputados ha aprobado la modificación de la Ley General de la Seguridad Social en lo relacionado con las mutualidades alternativas. La modificación se llevará a cabo a través de una Ley que contará con un artículo único y que añade distintos preceptos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con seis apartados, dos disposiciones adicionales y dos finales.

Esta modificación llega tras aprobar el Pleno del Congreso las enmiendas aprobadas ya en el Senado, por lo que concluye así su tramitación parlamentaria. Por lo tanto, el texto está listo para su publicación en el BOE y su entrada en vigor. 

Esta reforma tiene por objeto modificar el régimen aplicable a las Mutualidades de Previsión Social que actúan como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), reformando la protección social de los profesionales colegiados acogidos a estas entidades y regulando mecanismos para su posible incorporación al sistema público de Seguridad Social.

Una de las principales novedades es la creación de un mecanismo excepcional de transferencia voluntaria de los derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas a la Tesorería General de la Seguridad Social. La transferencia conllevará el encuadramiento obligatorio e irreversible en el RETA para la actividad profesional correspondiente. Asimismo, se establece que la conversión de los derechos económicos acumulados en períodos cotizados tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado integrado en el RETA, en los términos que se determinen reglamentariamente.

La iniciativa modifica también la regulación de las prestaciones otorgadas por las mutualidades alternativas. En concreto, establece nuevas condiciones para garantizar unos niveles mínimos de cobertura en las prestaciones vinculadas a las contingencias protegidas.

Además, prevé una equiparación progresiva de las cuotas satisfechas por los mutualistas con las correspondientes al RETA. La norma fija un periodo transitorio hasta 2028, durante el cual las aportaciones deberán incrementarse gradualmente.

A su vez, incorpora medidas dirigidas a reforzar la transparencia en la gestión de las mutualidades alternativas. Entre otras obligaciones, estas entidades deberán elaborar informes periódicos con información sobre la evolución de los fondos de los mutualistas y facilitar la documentación necesaria para el ejercicio de las funciones de supervisión por parte de la DGSFP.

Además, la ley contempla la elaboración de informes de evaluación sobre el funcionamiento del régimen de alternatividad y prevé la adopción de reformas destinadas a reforzar las garantías de información, supervisión y control de estas entidades.

El Congreso de los Diputados ya había aprobado hace un mes la proposición de ley que proponía, entre otras cuestiones, establecer una pasarela al RETA. Tras conocerse esta noticia, Mutualidad valoró positivamente ese paso al considerarlo "un avance muy relevante en la aprobación de una norma que garantizaría una solución necesaria para miles de mutualistas". A lo largo del año, Mutualidad reclamaba al Gobierno resolver esta situación con urgencia.

En todo este proceso ha ido ganando protagonismo Mutualistas por el Futuro, una plataforma constituida en febrero como asociación y comprometida con la defensa activa y organizada de los derechos de todos los mutualistas. En todo momento, ha defendido el impulso de una pasarela al RETA basada en el rigor y el consenso.

Todo estalló en 2023 cuando Mutualidad de la Abogacía se vio envuelta en una fase de críticas provenientes de grupos de mutualistas que acusaban a la entidad de dejarles con pensiones exiguas como para tener una jubilación digna. Esos mutualistas pedían ya la famosa pasarela al RETA.

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