Grupo Aseguranza

La DGSFP ha nombrado 2 interventores en Cahispa que van a hacer funciones de autorización de operaciones, pero no realizarán ninguna sobre la gestión. Sus designaciones suponen un refuerzo de la tutela de la compañía.

En 2007 se adoptaron medidas especiales sobre Cahispa que duraron hasta 2010, pero sus bienes estaban trabados. De hecho, en julio de 2011 se conoció la resolución de la DGSFP por la que se acordaba el cese de Fernando Lavilla como administrador provisional de las entidades Cahispa, SA de Seguros Generales y Cahispa, SA de Seguros de Vida.

En abril de 2011 el grupo inversor Corbis formalizó la compra de Cahispa y unos meses más tarde se conoció su intención de operar en Salud y en Dependencia, además de buscar alianzas estratégicas en seguros y abandonar la actividad inmobiliaria. Sin embargo, las divergencias entre los accionistas de Cahispa duran hasta la actualidad: La familia Muñoz, anterior propietaria de Cahispa, ha interpuesto una demanda en los tribunales reclamando que se anule la venta de la compañía a Corbis por incumplimiento del contrato en el que cedieron el 90% del capital de la firma por 1 euro. Por su parte, el grupo que dirige Javier Pinto ha presentado una querella contra el anterior consejo de administración y contra los anteriores administradores Fernando Lavilla y Sergio Gago, a los que acusan de administración desleal que causó a la firma un perjuicio estimado en 60 millones de euros.

El cruce de demandas y el enfrentamiento personal entre los nuevos dueños y los antiguos, que aún tienen el 10% del capital y un puesto en el consejo, afecta a la gestión de la compañía, y ha llevado a paralizar la junta de alguna de sus participadas, según publicaba recientemente La Vanguardia.

El grupo familiar que lidera Arturo Guilló insiste en que el contrato de compraventa a Corbis condicionaba el porcentaje de capital que conservarían los antiguos dueños a que los compradores pusieran en marcha un plan de viabilidad, con una inversión inicial de 10 millones, entre otras condiciones que no se han cumplido. Ahora quieren recuperar la propiedad de las acciones y buscar a otro grupo inversor que asuma la propiedad y la gestión de la aseguradora. Corbis explica que en los últimos meses han detectado que la información que facilitaron los interventores y en la que basaron la compra no era correcta, y que los antiguos gestores realizaron diversas operaciones inmobiliarias en Canarias y Tailandia que han causado a la aseguradora unos daños de más de 60 millones. Además, niega que la venta de las acciones estuviera condicionada ni que incluyera el compromiso de aplicar un plan de viabilidad. Corbis recuerda que ha invertido más de 3 millones en la empresa y la ha situado con unos fondos propios positivos de 5 millones.