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Con motivo del 30º aniversario del Pacto de Toledo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Instituto Santalucía advierten que este instrumento clave de consenso político y social ha perdido su esencia original y ya no garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Ambas entidades presentaron el informe "El Pacto de Toledo. Lo que fue y lo que es", elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor colaborador de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en Fedea. El documento repasa la evolución del Pacto desde su creación en 1995 y analiza las transformaciones que, a juicio de su autor, han desvirtuado su papel como garante del equilibrio intergeneracional. "El Pacto de Toledo fue un acuerdo histórico que supuso renunciar a la búsqueda de réditos políticos de corto plazo en un asunto de Estado, apostando por la responsabilidad colectiva y la estabilidad del sistema público de pensiones", recuerda el profesor.

El estudio señala que las reformas acometidas entre 1977 y 2013 se adoptaron bajo un amplio consenso político y social y con una clara orientación hacia la estabilidad financiera del sistema. Sin embargo, desde la reforma de 2013 y, especialmente, tras el Acuerdo de Renovación del Pacto de Toledo de 2020, el documento advierte de "un cambio estructural en su funcionamiento". Según García Díaz, el Pacto habría pasado de ser un foro de responsabilidad intergeneracional a convertirse en "un instrumento de políticas expansivas financiadas con deuda y subidas de cotizaciones e impuestos, que benefician principalmente a las generaciones actuales en detrimento de las futuras".

El informe alerta de que este giro rompe el equilibrio entre generaciones y erosiona el consenso que durante décadas permitió mantener la viabilidad del sistema. "Las últimas decisiones del Pacto de Toledo evidencian la pérdida de utilidad de un instrumento que nació para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar su uso partidista. Hoy parece haberse convertido en una suerte de subasta política en la que se compite por ofrecer más a los pensionistas sin una evaluación rigurosa de los costes ni de su impacto intergeneracional", sostiene el autor.

Ante esta situación, Fedea y el Instituto Santalucía reclaman recuperar el espíritu fundacional del Pacto de Toledo, basado en el diálogo, el rigor técnico y la corresponsabilidad política, como condición indispensable para preservar la equidad y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía, subraya que "el futuro del sistema de pensiones no depende solo de decisiones coyunturales, sino de mantener vivo el espíritu de consenso, análisis y responsabilidad que dio origen al Pacto de Toledo. Solo desde el diálogo y la evidencia podremos garantizar su sostenibilidad y su capacidad de proteger a las próximas generaciones".

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