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El Consejo de Ministros celebrado ayer ha analizado el primer informe realizado por el Ministerio de Sanidad sobre la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud. La ministra, Mónica García, ha explicado que el texto recoge "la evidencia científica sobre las consecuencias de la privatización de los sistemas sanitarios: aumento de la mortalidad evitable, disminución de las plantillas y peor acceso a la sanidad de los colectivos más vulnerables, entre otras.

La ministra ha indicado que la sanidad pública "sigue gozando de la confianza de la mayoría de los ciudadanos españoles", sobre todo para el tratamiento de patologías complejas y problemas de salud importantes. Menciona también que los datos analizados reflejan un gran aumento de las consultas especializadas en la sanidad privada, pero sobre todo para casos puntuales, ya que el seguimiento de las patologías se realiza, sobre todo, en la sanidad pública.

El informe indica que los seguros privados han crecido cerca del 90% en los últimos años y alcanzan ya al 32% de la población. De ellos, según los datos del ministerio, dos tercios son individuales y un tercio corresponde a seguros de empresas. Por regiones, el informe destaca que la Comunidad de Madrid cuenta con una penetración del 44% con este tipo de seguro, mientras que en Navarra no llega al 20%.

Por su parte, el Sistema Nacional de Salud ha crecido en los últimos 10 años por la vía de los hospitales de gestión privada que cuentan con una financiación pública, ha indicado Mónica García. Aunque hay diferentes formas de medir por comunicades autónomas, en toda España hay 7 hospitales privados. Mónica García ha manifestado que "el sistema sanitario, también el privado, descansa sobre la financiación pública" y que la mayoría de los equipamientos y de la asistencia sanitaria, tanto en urgencias y consultas como en cirugía mayor ambulatoria y quirófanos, están financiados por la sanidad pública.

Nueva ley

La titular del ramo ha manifestado que el informe sirve tanto como diagnóstico, como de hoja de ruta y apunta que se necesita una "ley que proteja y que blinde lo público y que se gestione con criterios públicos, que nadie sea capaz de anteponer los criterios económicos a la salud".

El análisis de este informe se realiza en un momento donde ha saltado la polémica sobre el hospital público de gestión privada de Torrejón donde unos audios del consejero delegado de la empresa gestora instaba a alargar listas de espera o evitar prácticas no rentables.

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