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El coronavirus ha cambiado también la forma de velar a nuestros muertos. Ante la alta demanda de servicios funerarios, se han producido denuncias de subidas de precio desmesuradas y el Gobierno ha tenido que tomar cartas en el asunto. Así, el pasado lunes 30 de marzo, dictó una orden en la que prohíbe el alza de los precios de los precios de los servicios funerarios, una medida que se aplicará con carácter retroactivo desde que se inició el Estado de alarma y fija que los precios deben ser lo que regían con anterioridad al 14 de marzo. Su incumplimiento supone una infracción a efectos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En los casos en que se haya detectado alza del precio, la empresa deberá devolver el importe pagado de más y los usuarios tendrán 6 mese para reclamar.

El Gobierno también ordena que las funerarias tendrán que facilitar un presupuesto desglosado a los clientes, así como los precios vigentes antes de la declaración del Estado de Alarma.

Solo 3 acompañantes

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad también restringe el número de asistentes a entierros y velatorios, independientemente de la causa del fallecimiento. Solo podrán asistir tres familiares o allegados, además, en su caso, del oficiante de la ceremonia.   Estas personas deberán respetar siempre la distancia de uno a dos metros entre ellas. Los funerales quedan pospuestos hasta que finalice el Estado de alarma.

En caso de fallecidos por COVID-19 no se podrán realizar prácticas de tanatoestética, intervenciones de tanatopraxia, ni intervenciones por motivos religiosos que impliquen procedimientos invasivos en el cadáver.