Grupo Aseguranza

Iris Global ha lanzado al mercado un nuevo seguro de Defensa Jurídica para Particulares y Familias. La entidad destaca que está diseñado para "proteger los derechos del asegurado en su vida privada". Ofrece cobertura específica para reclamaciones por compras electrónicas superiores a 150 euros pagadas con tarjeta de crédito fuera de establecimientos físicos, un escenario habitual en el comercio online. La cobertura se extiende, concreta la entidad, a la reclamación por incumplimiento de contrato, fallos en la entrega, productos en mal estado u otros conflictos con plataformas de e-commerce.

Indica la aseguradora que junto a la vía amistosa también cubre la reclamación ante organismos como la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o los tribunales arbitrales de consumo de las Comunidades Autónomas. En estos procesos, la aseguradora asume los gastos jurídicos hasta los 6.000 euros por siniestro, incluyendo honorarios de abogados y procuradores, peritajes y tasas judiciales.

El seguro también contempla un servicio de asesoramiento jurídico telefónico de lunes a sábado y atendido por abogados expertos.

Indica Iris Global que la cobertura ampara al comprador tanto a e-commerce fraudulentos como a casos de servicios defectuosos contratados por internet, como reparaciones, mudanzas, turismo o enseñanza online. La póliza contempla hasta 5 revisiones o redacciones de escritos legales al año, permitiendo al usuario presentar reclamaciones formales correctamente elaboradas y con fundamento jurídico.

Subraya la entidad que se posiciona de esta forma como un "aliado fundamental en la protección del consumidor digital, ofreciendo respaldo no solo económico sino también legal, con garantías claras, servicios accesibles y el aval de una aseguradora con experiencia en defensa jurídica". Además, explica la entidad que "la digitalización de las compras ha facilitado el acceso a productos y servicios, pero también ha multiplicado las incidencias legales". En este sentido, resalta que el objetivo es "garantizar que los consumidores cuenten con respaldo legal real, inmediato y eficaz frente a cualquier abuso o incumplimiento".

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