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29 de junio
11:15 2022
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Una mala gestión de un concurso de acreedores puede suponer gastos de hasta 150.000 euros

Hoy 30 de junio finaliza la tercera prórroga de la moratoria concursal anunciada por el Gobierno en el momento de declaración de pandemia y se prevé una avalancha de concursos de acreedores por parte de las empresas, lo cual puede suponer una gran responsabilidad para sus directivos, que deben asumir este proceso sin cometer errores que pongan en peligro la viabilidad del negocio y de sus propias finanzas. "La situación de muchas empresas es delicada en este momento: la fuerte subida del coste de las materias primas y los suministros, la devolución de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) solicitados durante la pandemia y ahora el fin de la moratoria de concurso son los principales problemas a los que se enfrentan en términos económicos. Ante esta realidad, cabe prever una gran cantidad de procesos concursales, pero es importante que los directivos de las empresas en esta situación se tomen el tiempo necesario para realizarlo de forma correcta y evitar errores que podrían tener un alto coste", explica Diego Ogando, suscriptor senior de D&O de Hiscox Iberia.

Según cálculos de la compañía, una mala gestión de un concurso de acreedores puede conllevar gastos de hasta 150.000 euros. Esta cifra incluye los gastos de defensa que se incurran en el procedimiento y la posible indemnización por daños morales que deba asumir el administrador después de que, por ejemplo, los empleados demanden a los administradores, responsabilizándoles de la situación y la pérdida de sus puestos de trabajo.

La aseguradora desgrana los principales errores en que puede incurrir un directivo: en primer lugar la falta de experiencia y desconocimiento de las novedades que traerá la próxima aprobación del Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, por el cual se modifica el proceso de declaración de concurso con el fin de mejorar el marco de reestructuración de las empresas con dificultades. También es habitual que muchos directivos tarden más de lo debido en declarar el concurso de acreedores en su empresa y, para cuando son conscientes de esa necesidad, suele ser tarde. De hecho, si se rebasa el límite legal pueden ser calificados como culpables por dilatar u ocultar la mala situación de la compañía y, por tanto, deberían enfrentarse a juicio con sus consecuentes costes. Por suerte, la nueva modificación que entrará en vigor próximamente contempla un plazo de dos meses que tiene un administrador que haya detectado una situación de insolvencia para presentar concurso.

Burocracia

Este tipo de procesos  conllevan un trámite burocrático en el que es fundamental proporcionar la documentación legal pertinente. Si se comete un fallo y se entrega un documento no original o falta alguno por entregar es posible que la documentación se tome como falsa o como intento de engaño, lo cual podría también conllevar multas para los directivos de las empresas.

Finalmente, desde Hiscox insisten en que presentar un concurso de acreedores es una situación compleja para los empresarios, que intentan evitar a toda costa por los riesgos que implica. Sin embargo, es importante que una vez se inicie el proceso se muestren colaborativos en aras de encontrar una solución en común con sus acreedores. Por eso es fundamental que, una vez llegado a un acuerdo, se cumpla con todas las obligaciones previstas, para evitar llegar al punto de que un juez deba iniciar la liquidación.

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