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La economía española y la italiana podrían enfrentar pérdidas catastróficas que alcanzarían hasta los 20.000 millones de euros en los próximos años por los efectos del cambio climático en su agricultura. En años especialmente extremos, Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña podrían llegar a perder más del 3 % de su Producto Interior Bruto (PIB) agrícola, según un informe "Herramientas de seguros y gestión de riesgos para la agricultura en la UE", elaborado por Howden.

La Unión Europea en su conjunto podría alcanzar los 60.000 millones si no se adoptan medidas estructurales de adaptación. Esta proyección se basa en el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos como las sequías prolongadas, olas de calor, granizadas e inundaciones que van aumentando significativamente en estos territorios, afectando no solo la producción agrícola sino también los sistemas de abastecimiento hídrico y la estabilidad socioeconómica de las zonas rurales.

Manuel García, director técnico de Howden Cataluña, señala que "es imprescindible replantear de manera urgente el sistema de seguros agrarios y la estrategia de gestión del riesgo climático. Esto debe abordarse desde una perspectiva estructural, apoyada en soluciones que sean previsibles y que cuenten con la cooperación entre el sector público y privado".

Brecha de protección

En este escenario, el informe de Howden destaca el déficit de protección de los seguros, ya que los agricultores asumen entre el 70 y el 80% de todas las pérdidas agrícolas relacionadas con el clima. Esta situación obliga con frecuencia a los gobiernos a proporcionar asistencia financiera no contemplada.

Por ello, el informe señala la necesidad de transformar la gestión del riesgo climático. En el caso de la agricultura española, esto implicaría una menor dependencia de ayudas extraordinarias tras los desastres, así como una colaboración estrecha y coordinada entre las instituciones europeas, los gobiernos nacionales, las aseguradoras y el propio sector agrario. Además, se plantea la necesidad de que la Política Agrícola Común evolucione para convertirse en una herramienta clave de protección frente al cambio climático.

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