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A inicio de mes entró en vigor la Orden Ministerial que desarrolla la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 y obliga a las empresas con mayor riesgo de contaminar a suscribir una garantía financiera. La propia norma da 3 opciones para ello: un seguro, un aval de una entidad financiera o que las empresas realicen reservas técnicas mediante la dotación de un fondo ad hoc. El objetivo de la ley es "disponer de suficientes recursos para prevenir y, en su caso, reparar los daños que puedan causar", según destaca AIG.

El director de Responsabilidad Medioambiental de la entidad, José Luis Lorenzo, destaca que de las 3 opciones "la contratación de un Seguro de Responsabilidad Medioambiental es la solución más idónea para transferir las exposiciones y riesgos de las empresas y la única posibilidad existente para una transferencia real de sus responsabilidades".

Argumenta esta postura -la contratación de un seguro específico- en que la póliza de RC General no ofrece cobertura para los nuevos requerimientos legales, ni para la contaminación gradual ni para los posibles daños propios por contaminación.  

El experto recomienda a las empresas decantarse por la póliza de protección ambiental y que se aseguren de incluir la reparación de los daños, los gastos de defensa y fianzas y la cobertura de RC por contaminación. En un segundo nivel recomienda contratar la cobertura sobre actividades que se desarrollan en instalaciones a terceros y la interrupción de la actividad por accidente de esta magnitud.