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13 de noviembre
11:05 2018
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Solo 1 de cada 10 menores conoce las consecuencias legales de las conductas delictivas

Solo 1 de cada 10 menores conoce realmente las consecuencias de las conductas delictivas según se extrae del primer estudio realizado por ARAG dentro de su campaña 'Hechos y Derechos', que busca concienciar a los más jóvenes sobre sus derechos legales, pero también sobre las consecuencias de sus actos a nivel jurídico.

En el estudio participaron 879 alumnos de 13 colegios de distintas ciudades (Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza, entre otras) que han respondido a un cuestionario de 10 preguntas. Sólo dos de los 879 han contestado correctamente a todas las preguntas, mientras que 3 las han respondido todas mal. La mayoría (un 60%) han respondido bien entre tres y cuatro de las 10 preguntas. Un 12% aprobaría el cuestionario.

Si bien el 75% de los encuestados contestan acertadamente la edad de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (de los 14 a los 18 años) y el 62% piensa que un menor puede estar obligado a ir a juicio, solo un 8% sabe que los delitos cometidos siendo menor de edad no se convierten en antecedentes penales en la vida adulta. El estudio también muestra que un 23% de los alumnos considera que un menor, junto a sus padres o tutores, es también responsable de los perjuicios económicos causados por su delito, considerando la mayoría (73%), equivocadamente, que la responsabilidad económica recae únicamente sobre los padres o tutores.

Conocen la diferencia entre hurto y robo

Cuando el estudio profundiza en algunas casuísticas penales concretas, de especial relevancia para los menores, sí se observa un grado de conocimiento mayor. Es el caso de la diferencia entre robo y hurto, dado que el 73% de los encuestados sabían que la diferencia entre ambos términos radica en el uso de fuerza, violencia o intimidación. Lo mismo pasa con el acoso y el ciberacoso. Su significado es conocido por hasta un 85% de los menores.

En cuanto al botellón, un 92% es consciente de que esta práctica puede suponer una multa (sanción administrativa), aunque la mitad cree, de forma errónea, que se trata de un delito por sí solo.

 

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