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El Tribunal Supremo ha rechazado las demandas de tres establecimientos de hostelería que reclamaban a sus aseguradoras una compensación económica por la pérdida de beneficios sufrida durante el cierre forzoso por la Covid-19. La Sala Primera aclara que esta cobertura solo opera cuando hay daños materiales cubiertos por la póliza.

Las sentencias, dictadas en los procedimientos acumulados 602/2025, 603/2025 y 604/2025, fijan doctrina sobre el alcance de la cobertura de pérdida de beneficios en los seguros Multirriesgo.

En los tres casos, los demandantes alegaban que la paralización forzosa de sus negocios debía considerarse un supuesto amparado por la cobertura de pérdida de beneficios contemplada en sus pólizas. Sin embargo, el Supremo ha sido tajante: este tipo de seguro no cubre cualquier interrupción de la actividad, sino únicamente aquellas que tengan su origen en los eventos específicamente delimitados en el contrato, como daños materiales por incendio, explosión, actos vandálicos o fenómenos naturales.

La sentencia 602/2025, que sirve de base para las otras dos resoluciones, recuerda que el artículo 66 de la Ley de Contrato de Seguro establece que la cobertura por pérdida de beneficios debe estar vinculada a un siniestro material cubierto por la póliza. Se trata, explica el tribunal, de una cobertura complementaria a los seguros de Daños, no de una protección autónoma frente a cualquier tipo de paralización empresarial.

En la sentencia 604/2025, el Alto Tribunal rechaza también la interpretación del concepto de "riesgos extensivos" que los demandantes pretendían aplicar. El tribunal aclara que este término, aunque recogido en las condiciones generales del seguro, no permite concluir que la cobertura incluya situaciones como las restricciones administrativas impuestas por la pandemia.

Con estas resoluciones, el Tribunal Supremo marca una línea jurisprudencial clara en relación con la interpretación de las pólizas de seguros Multirriesgo en contextos excepcionales como el de la pandemia. La decisión cierra la vía judicial para miles de negocios que confiaban en obtener una compensación económica por los cierres decretados durante la emergencia sanitaria.

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