Grupo Aseguranza

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, aprobado en Consejo de Ministros y que arranca ahora su tramitación parlamentaria, prevé la subida de un 6% al 8% del tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguro.

Tras su conocimiento, Unespa ha publicado un comunicado reprochando esta medida al Gobierno ya que, de salir adelante, afectaría "significativamente" a familias (el 95% de las familias tiene alguna póliza contratada) y empresas, además de impactar también en el sector asegurador, que representa un 5% del PIB y da empleo directo a más de 50.000 personas.

Unespa estima que esta medida tendrá un impacto de 455 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 25% en la recaudación de este tributo. Así, la patronal del seguro español ha calificado esta medida como "desproporcionada y carente de justificación" ya que "el encarecimiento de la fiscalidad del seguro puede derivar en una disminución de las protecciones que contratan familias y empresas y, por consiguiente, en una mayor exposición al riesgo por parte del conjunto de la sociedad y la economía del país". En este sentido, Unespa insiste en que tiene un carácter "regresivo desde un punto de vista social".

Recorte fiscal de los Planes de Pensiones

Y no es la única medida que contemplan los Presupuestos para 2021 en contra del sector asegurador y de la previsión social complementaria en su conjunto. También ha modificado los límites de aportaciones máximas a los sistemas de previsión social individuales, rebajándolo de 8.000 a 2.000 euros, al tiempo que eleva de 8.000 a 10.000 euros el límite para los Planes de Empleo.

Esta decisión ha sido muy criticada por Unespa e Inverco, que han emitido un comunicado conjunto, en el que manifiestan su disconformidad por las razones que resumimos a continuación:

- Ambas asociaciones consideran que "el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española". Denuncian que no se tiene en cuenta el "marco sociolaboral español", como el gran número de trabajadores autónomos y empresarios individuales que hay en España (hay 3,3 millones de personas adheridas al RETA) y que la mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena trabaja en pymes, "en las que el ahorro colectivo apenas está presente". Por tanto, consideran que con esta decisión un gran porcentaje de población ocupada quedaría "fuera de la previsión social empresarial" y, además, se les pondría muchas trabas para acceder a sistemas de previsión individuales "en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador". Es decir, subrayan que el sistema individual sigue siendo "necesario e imprescindible para todos aquellos que no puedan acceder al sistema de empleo".

- En segundo lugar, hacen hincapié en que la limitación anual de aportaciones a sistemas de previsión social "carece de sentido en situaciones de crisis como la actual en la que muchos trabajadores han visto reducidos significativamente sus ingresos por estar en un ERTE o por un cierre temporal de su negocio". Por este motivo, instan a que se permita a los trabajadores, ya sean por cuenta propia o ajena, "recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos". Además, señalan que "los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral".

- Recuerdan que en España existe un significativo déficit de ahorro para la jubilación, un "desajuste" que "no puede dejarse exclusivamente a cargo de las empresas". Desde su punto de vista, "hace falta que los trabajadores, a título particular, tomen conciencia de la necesidad de ahorrar para su jubilación". Y aquí es donde los Planes de Pensiones individuales juegan un papel importante ya que "permiten que cada trabajador pueda planificar los ingresos que necesitará para su jubilación como complemento a la pensión de la Seguridad Social, sumado a lo que reciba del sistema previsional de su empresa".  

- Unespa e Inverco reclaman al Gobierno que haga caso a la Comisión Europea que ha elaborado un documento en el que señala que el sistema de pensiones debe basarse en tres pilares para ser equilibrado. También aconseja mirar a los países de nuestro entorno, que cuentan con "estímulos fiscales al ahorro" y "conceden incentivos fiscales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales (segundo pilar) como individuales (tercer pilar)". Además, recuerda que, para facilitar el desarrollo de la previsión social complementaria, la propia UE ha creado un instrumento europeo de ahorro individual como el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales, que empezará a comercializarse a partir del ejercicio 2022-2023, una vez que se apruebe la normativa de desarrollo que lo regula.

- Por último, Unespa e Inverco detallan que "la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación" o dicho de otro modo, que "su tratamiento fiscal no genera beneficios".