Grupo Aseguranza

Unespa, la patronal del sector asegurador, ha salido al frente para responder el reciente informe 'Spending review' elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) donde llamaba a una revisión fiscal en los productos de previsión social. Señalaba en el texto y como informamos en Carta del Seguro que era necesario llevar a cabo una "reformulación completa del beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo".

El organismo de seguros afirma que ellos también están a favor de reconfigurar el tratamiento que recibe en la actualidad la previsión social y en su opinión, "los poderes públicos deberían favorecer la generación de grandes masas de ahorro para la jubilación impulsando la creación de estos instrumentos" a través del ámbito laboral y desde el particular.

Informe confuso

Unespa pasa a responder el informe y reitera en primer lugar que "la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación, y su tratamiento tributario es el mismo que tienen las pensiones públicas". A continuación considera que el texto de la Airef "da lugar a confusión" puesto que en un inicio cuantifica el coste fiscal anual de este incentivo para la Hacienda Pública en 1.643 millones de euros por la reducción de las aportaciones a estos sistemas en la base imponible, cuando "su verdadero coste fiscal anual para las arcas del Estado es de 450 millones si se tiene en cuenta en dicho cómputo la tributación de las prestaciones de estos sistemas", aclara.

Prosigue indicando que en cuanto al coste fiscal analizado (35.000 millones) la cantidad de 450 millones representa el 1,28%. Un "importe fiscal razonable", a juicio de Unespa, "que tiene como contrapartida la generación de una ahorro complementario para la jubilación" que ascendería entre todos los sistemas de previsión -individuales y de empleo- a más de 175.000 millones.

Apunta la patronal que en el cómputo de los mencionados 450 millones de coste fiscal real de este incentivo no se tiene en cuenta que la rentabilidad obtenida por los sistemas de previsión no tributa como rentas del ahorro con un tipo máximo del 23% sino como del trabajo, cuyo tipo máximo es del 45%. Añade también que si se tuviera en cuenta este efecto el coste fiscal sería inferior a la cantidad real y de ellos, 300 millones correspondería a un régimen transitorio con una reducción del 40% en forma de capital que se limitó en 2006.

Unespa pide también tener en cuenta, como señala el informe, que el sistema tributario aplicado en España a los Planes de Pensiones e instrumentos de previsión se alinean con la mayoría de los países europeos y es el denominado Sistema EET. El mismo se basaría en una reducción de la base imponible de la aportación, no tributación de los rendimientos durante la fase de acumulación y tributación en el momento del cobro de la prestación, explica la asociación de las aseguradoras.

Falta concienciación

En su comunicado, Unespa afirma que el "insuficiente desarrollo" de ahorro para la jubilación en España "no se debe exclusivamente a su esquema tributario, sino a una falta de concienciación social en torno a la conveniencia de ahorrar para complementar la pensión pública". Añade que esta carencia está motivada principalmente por la ausencia de información.

Ejemplifica esto indicando que hasta hace poco los trabajadores no podían conocer su pensión a la hora de jubilarse y señala que ahora se puede consultar en la web de la Seguridad Social, pero critica que el sistema "es complicado y no se complementa con el envío de cartas informativas periódicas a los trabajadores, como sí se hace en otros países".

Cierra su respuesta Unespa señalando que la experiencia reciente ha demostrado que las economías que cuentan con grandes bolsas de ahorro nacional "se encuentran más protegidas ante las turbulencias financieras que se dan en momentos de crisis internacionales". Se reafirma en que "promover el ahorro para la jubilación favorece la estabilidad macroeconómica de España al facilitar la financiación de las Administraciones Públicas y las empresas del país".