Viernes, 16 de noviembre de 2018

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15 de marzo
11:17 2018
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La DGSFP cede a las presiones y se carga las pruebas de aptitud del Consejo General

Esta semana el subdirector general de Ordenación y Mediación de la DGSFP, Raúl Casado, anunciaba que en la normativa que prepara el regulador para actualizar la formación y requerimientos para comercializar productos aseguradores, y que ya contamos en Carta del Seguro, desaparecerán las pruebas de aptitud que hasta ahora realizada de manera exclusiva el Consejo General.

Según ha podido saber esta redacción habría varias empresas que cuentan con autorización para impartir formación de Grupo A y otros estamentos que han presionado al regulador para que abriera esta opción de formación, digamos autodidacta, y quitara el monopolio que tenía el Consejo.

La principal institución de la mediación ha intentado hacer fuerza ante el regulador para que no cambiara, pero finalmente se ha decidido que sólo hubiera formación presencial y semipresencial. La idea inicial era que se abriera el 'pastel' de esta opción formativa, pero el Consejo habría pedido su eliminación antes de compartir.

Las pruebas de aptitud conseguían reunir a un grupo numeroso, normalmente de profesionales con conocimientos financieros, que estudiando por su cuenta y con un desembolso cercano a los 100 euros intentaban conseguir la misma acreditación de otros alumnos que pagan entre los 2.500 y los 3.000 euros y acuden a los distintos colegios profesionales, ICEA, la UNED, Udima y la Universidad de Barcelona, que en estos momentos cuentan con autorización de la DGSFP. Al listado habría que añadir a Apromes, que recientemente adquirió la autorización.

Aun así, el articulado no cambia

Esta decisión tendrá que plasmarse en la ley antes de su aprobación final puesto que el Artículo 39 del Anteproyecto de la Ley de Distribución establece cuáles serán los cursos de formación y pruebas de aptitud en materias financieras. El articulado no varía respecto a la actual Ley de Mediación y su punto 2 es similar al 3 de la norma de 2006, estableciendo que el Consejo General es el encargado de organizar las pruebas de aptitud.

El anteproyecto sí deja claro que la formación continua se tendrá que determinar según la clase de distribuidor, los productos que se comercializan, la función desempeñada y la actividad realizada.