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El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros denuncia que un "alto porcentaje de los daños producidos por los fuertes temporales de lluvia e inundaciones son previsibles y, en muchos casos, susceptibles de minimizarse o evitarse". Y se apoya en los "numerosos estudios científicos" que hay en España y que "detallan las áreas que estarían afectadas por inundaciones en un rango de años suficientemente amplio para que las administraciones adopten medidas como denegar permisos de construcción, modificar planes urbanísticos o prevenir daños a instalaciones mediante la construcción de defensas".

Uno de estos informes es el de 'Población en riesgo de inundación en España en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa', elaborado por el propio Consejo General a través de su escuela de negocios, el Cecas. Una de las conclusiones de este informe es que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las zonas que presentan mayor riesgo, estimando que las superficies artificiales damnificadas por las aguas podrían llegar a 27.000 hectáreas afectando a 977.000 habitantes.

"Este tipo de estudios, cada vez más concisos y detallados, son fundamentales para las administraciones al contar con una información muy detallada. También son imprescindibles para los corredores y agentes de seguros, al mejorar el asesoramiento de los clientes a la hora de contratar una póliza que se ajuste lo mejor posible a su nivel de riesgo", ha señalado Javier Barberá, presidente del Consejo General.

La institución pide a las administraciones que aumenten la información que se proporciona a los ciudadanos sobre las viviendas y construcciones ya existentes, además de la importancia del riesgo de inundación en los planes urbanísticos. Para ello, sugiere a las autoridades que pongan en marcha algunas medidas, como la creación de etiquetas para edificaciones, la inclusión de la necesidad de conocer la inundabilidad cada vez que exista una compra o venta de una casa o soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos de las poblaciones más expuestas. También, recuerda "la conveniencia de una mejor gestión de las alertas meteorológicas y la existencia de una mayor actividad aseguradora en la prevención que contribuya a minimizar en lo posible los efectos de los desastres naturales". 

No obstante, el Consejo General subraya que "el escepticismo y la falta de recursos siguen siendo los principales obstáculos a los que se enfrentan los responsables políticos a la hora de tomar decisiones en este campo".