Grupo Aseguranza

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital ha revocado la licencia a la filial de seguros del conglomerado Herrero Brigantina. El pasado viernes el diario El País publicaba esta información donde añadía que el grupo recaudó más de 40 millones con productos que prometían hasta un 50% de rentabilidad. Según un juez que cita la información, el conglomerado levantó una "compleja maraña" societaria con el fin de "eludir responsabilidades".

Además, el regulador de seguros dependiente del ministerio ha contabilizado anomalías contables en el sector asegurador, así como incumplimiento de la normativa de gobierno corporativo e irregularidades en la comunicación de cambios en la propiedad de la empresa.

Por otra parte, Confilegal.com daba más detalles sobre este asunto y mantenía una conversación con José Luis Ortiz, socio-director de Bufete Ortiz, quien lleva a 16 perjudicados por el conglomerado. Afirmaba este abogado que se trata de "un chiringuito financiero al uso. Se ve claramente que es una estafa piramidal porque aquellos afectados que más ruido hicieron al principio, consiguieron cobrar su inversión o parte de ella. Sin embargo, ya hace seis meses que no pagan a nadie. Además, el fundador del Grupo Herrero Brigantina, Juan González Herrero, está en paradero desconocido", afirmaba.

La DGSFP comunicaba el pasado mes de marzo que había abierto una investigación a la correduría por posibles irregularidades en la comercialización de productos, tanto de Ahorro como de inversión. Señalaba la institución, de manera precavida, que si un corredor ofrece rentabilidades tan altas "llama la atención del supervisor". Pedía ser paciente con los resultados de la investigación "porque puede llevar su tiempo, aunque el sector debe estar tranquilo, porque tenemos mucha experiencia en cómo llevar este tipo de casos".

Realizaba estas declaraciones el supervisor después de que un juez cursaba una investigación por una denuncia contra Herrero Brigantina. Más tarde también se conoció que el conglomerado utilizaba, sin autorización presuntamente, avales de AXA, Generali o Plus Ultra para comercializar productos de una altísima rentabilidad. Incluso, antes del verano, Asufin manifestó que preparaba una demanda colectiva por lo civil para clientes afectados.

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