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12 de mayo
13:49 2014
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Apise pide más medios para supervisar en seguros para que no se repitan los errores de la banca

Los inspectores de seguros del Estado agrupados en la asociación Apise han enviado una carta abierta al ministro de Economía y Sostenibilidad en la que denuncian la gravedad de su situación actual: La falta de medios les impide el adecuado desempeño de sus funciones. Con su denuncia sobre la pasividad del Ministerio en adoptar medidas quieren que no se repitan los errores que abocaron al rescate de la banca. Junto a esa falta de medios para su ejercicio desde la DGSFP, alerta sobre la aplicación de Solvencia II desde el 1 de enero de 2106, lo que para esos profesionales “implica la imperiosa necesidad de abordar cambios sustanciales en la supervisión de los seguros privados en España, de manera análoga a los que están realizando todos los supervisores en el ámbito europeo”.

“Nos encontramos, pues, ante la exigencia de abordar modificaciones estructurales en la supervisión de las entidades aseguradoras y Fondos de Pensiones en España, tanto de carácter legal como técnico”, apunta Apise, que critica que “a diferencia de nuestros homólogos europeos y nacionales, cuyas autoridades competentes han adoptado en los últimos años decisiones estratégicas tanto en lo relativo a la estructura de su supervisión, como en la dotación de medios adecuados para una nueva supervisión prospectiva e integral, las autoridades españolas no han adoptado hasta la fecha ni una sola medida estructural. No existe un plan director de adaptación del supervisor a Solvencia II, ni un estudio serio sobre los recursos necesarios de cara al nuevo marco; solamente una constatación por los profesionales que trabajan en la DGSFP, y de los Inspectores de Seguros en particular, que con los medios existentes y con la nula previsión sobre los necesarios, no se va a poder hacer frente a los compromisos que la legislación comunitaria exige”.

La asociación detalla los motivos por los que la diferencia entre el marco vigente y el futuro afectarán al control sobre las entidades y entre otros puntos declara que “esta dejación de funciones por parte del Ministerio de Economía y Competitividad no puede ampararse en necesidades o limitaciones presupuestarias, porque existen instrumentos y medidas para paliar estas deficiencias que carecen de coste presupuestario y que sólo requieren un ejercicio de voluntad política para ponerlas en marcha”.

También denuncia que el Ministerio, en vez de cumplir con los compromisos asumidos en los diferentes ámbitos, “ha comenzado la tramitación de una nueva ley de supervisión que, contra toda lógica, consolida un modelo deficiente y contrario a los estándares internacionales, que adolece de una serie de defectos graves que impiden el cumplimiento de la Directiva que intenta trasponer, poniendo en serio riesgo los ahorros de los ciudadanos, además de que contiene una regulación lesiva e inédita de los procesos de desmutualización de las mutuas de seguros”. Y también que en los primeros compases de la tramitación de esta Ley “se ha dejado injustificada y deliberadamente al margen de la Junta Consultiva a la asociación profesional de inspectores de seguros, a pesar de haber solicitado formalmente su consideración como profesionales conocedores de la materia y responsables en buena medida de que hasta el momento el sector asegurador haya capeado distintas crisis sin que se hayan producido quiebras o pérdidas significativas para los españoles, en los más de 100 años de su actividad”.

Apise, concluye que, “por todo lo anterior, urgimos a los responsables del Ministerio de Economía y Competitividad a que aborden el problema planteado y lo hagan a la mayor brevedad, dado que los plazos son cortos y la situación, crítica”. Advierten de que el cambio con Solvencia II “va a ser enorme”, pero “nos resulta imposible llevar a cabo nuestra función si, a diferencia del resto de estados europeos, no existe una reflexión razonada y eficiente de medios y fines por parte del Ministerio para afrontar esta situación, de forma que la supervisión disponga de los recursos suficientes para controlar la solvencia de las entidades de acuerdo con la nueva regulación”.

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