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El Foro de Expertos del Instituto Santalucía reclama más transparencia sobre el estado real del sistema de pensiones, en concreto sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social del que se tiende a dar una visión distorsionada de su verdadera situación patrimonial.

Los expertos consideran que el informe entregado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el que se destaca que el valor del Fondo a 31 de diciembre de 2023 era de 5.578 millones de euros, tras sumar 3.438 millones ese año, gracias en gran medida al incremento de las cotizaciones establecido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que está operativo desde enero de 2023 no es real. El informe no señala que la deuda total neta del sistema, descontando el fondo de reserva, ha seguido aumentando a pesar de la subida de cotizaciones del MEI y de la inyección a la Seguridad Social de cuantiosos recursos procedentes de impuestos generales. Así pues, no es que estemos ahorrando una parte de las cotizaciones actuales para pagar parte de las pensiones futuras, sino que estamos utilizando dinero procedente de impuestos generales y emitiendo deuda no sólo para pagar las pensiones de hoy sino también para engordar un "fondo de reserva" que es sólo una ilusión óptica, dado que sus activos no son más que una pequeña parte de la deuda bruta del sistema.

Desde el Instituto Santalucía se aboga por la transparencia sobre la situación financiera del sistema de pensiones.

Todas estas variables hacen necesaria "la transparencia y claridad en la información para que los ciudadanos comprendan la situación real del sistema de pensiones", advierte José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía. "En este sentido, y teniendo presentes las estimaciones que revela el último Ageing Report acerca del efecto que el envejecimiento tendrá en las cuentas públicas en el futuro, consideramos muy conveniente que pueda existir un debate sereno, honesto y con perspectiva a largo plazo para que los cambios estructurales que se precisan para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas puedan consensuarse y materializarse", ha señalado.

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