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El informe del Instituto Santalucía, conocido hoy, 'Situación del sistema público de pensiones y proyecciones 2050 dentro del proceso de revisión en 2025' se plantea "una advertencia contundente". Los expertos expresan que "el sistema público de pensiones en España afronta un creciente desequilibrio estructural que compromete su viabilidad futura".

El estudio, realizado por Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, destaca que el déficit contable del sistema e 2024 alcanzó 10.054 millones de euros, el 0,6% del PIB, incluso contando con un escenario macroeconómico favorable. A esto hay que sumar que casi el 30% del gasto en pensiones ya depende de transferencias del Estado, una "cifra que evidencia una paulatina pérdida del carácter contributivo del sistema", manifiesta.

El informe señala que pese a las reformas de 2020 y 2024, "no se han resuelto los problemas estructurales de sostenibilidad financiera a medio y largo plazo". El número de pensiones crecerá más de un 56% hasta 2050, impulsado por la jubilación de la generación del baby boom y el incremento de la esperanza de vida. Este factor junto con la apuesta de mantener la tasa de reposición más alta de la Unión Europea hace que el gasto en pensiones escalará del 12,9% al 17,1% del PIB, mientras que los ingresos previstos solo alcanzarían el 13,6%, dejando un déficit estructural del 3,5% del PIB, resalta el análisis.

José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, considera que "estamos en un punto de inflexión: mantener la suficiencia del sistema sin abordar su sostenibilidad es cargar una factura creciente a las generaciones futuras". Añade que "no se trata solo de cuadrar cuentas, sino de garantizar un sistema justo, duradero y equilibrado".

En el informe se propone 2 vías de reforma: la primera pasa por ajustar los parámetros actuales del sistema. Destaca que "elevar la edad legal de jubilación, ampliar el periodo de cálculo de la pensión, exigir más años cotizados y vincular el sistema a factores de sostenibilidad según la esperanza de vida. La segunda es más estructural y consistiría transitar hacia un modelo de cuentas nocionales individuales, basado en el equilibrio actuarial, más transparente y con incentivos claros.

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