Grupo Aseguranza

La sanidad privada carga contra el Gobierno por dejarla abandonada durante la crisis sanitaria. El sector, muy afectado y con multitud de cierres y concursos de empresas, se enfrenta a una situación límite después de solicitar ayudas a los ministerios de Sanidad, Industria y Hacienda.

ASPE lleva 3 meses solicitando al  Gobierno ayudas y compensaciones para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia y el consiguiente impacto al sector como actividad esencial sin medidas de reorganización laboral. La estimación es que  unos 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar.

En este tiempo, el Ministerio de Sanidad ha comprometido una respuesta que no ha llegado a la solicitud por ASPE de medidas fiscales y financieras para empresas que han vivido en muchos casos una situación extrema: abiertas como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral. Ahora, estos centros afrontan, por lo general, la fase de 'nueva normalidad' con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio y por las medidas de seguridad y mejor secuenciación de las visitas.

Impacto económico

ASPE acaba de publicar un estudio en el que analiza el impacto en facturación, empleo, costes de aprovisionamiento e inversiones durante la crisis sanitaria.

El impacto en la facturación varía en función de la comunidad autónoma analizada, siendo Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias las que han sufrido un mayor descenso. Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las comunidades que se han visto menos afectadas. La caída de facturación es menos acusada en estas regiones al haber tratado a un mayor número de pacientes de COVID-19 y al haber facturado actividad de compañías aseguradoras correspondiente a meses anteriores. Los centros sin internamiento han descendido durante este periodo su facturación más de un 85% de media respecto a la actividad ordinaria pre-COVID y los centros hospitalarios más de un 60%.

En cuanto a la contratación de personal, a pesar de las dificultades expresadas, el 89% de los centros contrataron nuevos profesionales durante la crisis.

Los hospitales participantes en el estudio han llevado a cabo inversiones relacionadas con la Covid-19 por un valor superior a los 13,5 millones de euros y han cancelado o retrasado inversiones por un valor estimado de 36,2 millones de euros. El 33% de las inversiones realizadas corresponde a compra de equipamiento, el 28% a la compra de respiradores, el 12% a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades, y el 27% restante a otras inversiones. El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la Covid-19, se ha incrementado un 71% respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. El caso más extremo es el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.423% con respecto al precio existente en diciembre de 2019.