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12 de septiembre
08:48 2018
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El Congreso fija para el martes el límite para presentar enmiendas al articulado de la IDD

Ayer finalizó el límite para presentar enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados. Una fecha que se había dilatado hasta en 6 ocasiones. A partir de ahora se ha fijado para el próximo martes, 18 de septiembre, como el último día para presentar enmiendas a su articulado.

El pasado mes de mayo el consejo de ministros, presidido por Mariano Rajoy, aprobó este proyecto de ley para iniciar así la tramitación parlamentaria con el que se traspone la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. En junio durante el XIX Foro Adecose, Raúl Casado, subdirector general de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución de la DGSFP, aseguraba que "no hace falta ser un gurú para saber que no se va a cumplir el plazo". Más allá de esto explicaba que la peor consecuencia de este retraso sería "que nuestro país no podría conceder a todos los actores implicados el plazo de 3 meses de adaptación" puesto que se tendría que haber aprobado en julio.

Lo cierto es que a partir del próximo mes la Directiva comenzará a aplicarse directamente. Según fuentes consultadas por Aseguranza la aprobación llegaría a lo largo de 2019 puesto que todavía se están manteniendo reuniones con políticos por parte de asociaciones y partes interesadas del seguro.

Retraso en la Ley Hipotecaria

Un caso similar se produce en la Ley Hipotecaria cuya directiva entró en vigor el pasado 3 de enero. La ministra de Economía, Nadia Calviño, desveló ayer que la Mesa del Congreso, controlada por el Partido Popular y Ciudadanos, rechazó la solicitud del Gobierno para tramitar por la vía urgente esta norma. De esta manera se complica que pueda entrar en vigor antes del primer semestre de 2019.

En total, sumando la IDD, son 14 las directivas europeas pendientes de trasposición. España se enfrenta de esta forma a una posible multa por ello de 100.000 euros por cada día de retraso sobre el precio fijado. Calviño dijo que esto preocupa, "sobre todo porque tiene consecuencias muy negativas para la seguridad jurídica".

 

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