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"El acuerdo sobre pensiones podría producirse esta misma semana". Así se pronunció ayer José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante su participación en el Forum Nueva Economía a primera hora de la mañana. Unas horas después llegaba el acuerdo tras la reunión con empresarios y agentes sociales tras meses de encuentros en los que se han ido poco a poco acercando posturas. Se trata de una "reforma extensa y prolija", ha dicho, que requiere las aportaciones de todos para consensuar un texto definitivo.

El ministro ha incidido en que el acuerdo se mueve dentro de los límites que marca el Pacto de Toledo que ya en su momento dio unas recomendaciones generales y también en consonancia con el Plan de Recuperación aprobado por Europa. Aseguró que "lo que se apruebe será consistente con ambos marcos". 

La reforma de la pensiones está pensada para abordar la cuestión en los próximos 25 años. En este sentido, el país se encontrará con algunos momentos de tensión como el periodo en el que se jubile la generación de los baby boomers. Para afrontar este reto, Escrivá cree que hay que revisar las pensiones anticipadas de las que se ha abusado en el pasado. Nuestro país es de los que menos trabajadores activos tiene entre 55 y 70 años de los de nuestro entorno. Cree que el retraso de la jubilación a los 67 años que se alcanzará en 2026 es "una edad asumible" y se ha mostrado a favor de proponer incentivos para alargar la edad activa a quien así lo desee.

Finalmente entre los cambios consensuados figura le vinculación de las pensiones el IPC y los recortes a las jubilaciones anticipadas voluntarias que llegarían hasta el 21% de la pensión estimada si se adelante en 2 años a la edad legal de jubilación. Esta es solo la primera parte de la rvisión que verá su continuidad probablemente a finales de 2022.

Sobre la tan traída y llevada quiebra de la Seguridad Social, piensa que si ésta no asume los gastos que no le son propios "no estaría en números rojos", algo en lo que ya trabaja el Gobierno para esta legislatura.

Críticas a la falta de estímulos para afrontar el retraso de la jubilación

Tras cerrarse el acuerdo para la primera fase de la reforma de las pensiones el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson cree que algunas de las medidas aprobadas descubre serias ineficiencias, muy especialmente por lo que se refiera al retraso de la edad de jubilación que es, paradójicamente,  uno de los aspectos clave que persigue incentivar el Gobierno.

Como explica Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE, "si bien la propuesta del anteproyecto mejora la situación actual de la pensión demorada al elevar la bonificación al 4% por año (anteriormente, fluctuaban entre el 2% y el 4%) y hacerla independiente de los años cotizados, se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses. Aproximarse a la equidad actuarial en cuanto respecta a la jubilación demorada llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora, es decir, de un 7,2% por año."

La equidad actuarial, de la que carece el sistema de pensiones español dibujado tras la reforma, consiste en aplicar un factor de equidad que debería incluir la esperanza de vida para que individuos con las mismas carreras laborales, pero de distintas cohortes, reciban la misma suma de pensiones. "Esto supone que un aumento de la esperanza de vida implica menor pensión inicial. ¿Cómo se va a recortar finalmente la pensión? No se sabe, pero puede ser aumentando la edad de jubilación, aumentando el número de años cotizados para alcanzar un porcentaje del 100% o, directamente, bajando la pensión inicial" subraya Devesa.

 "Como conclusión  del análisis podemos afirmar que la jubilación demorada no presenta incentivos para acogerse a ella, teniendo que ir la reforma hacia la modificación de tres elementos: que los coeficientes se aplicaran por meses de retraso; que el coeficiente mensual fuera de un 0,6% mensual; y que el cheque que lo sustituyera aumentara de forma importante la cuantía entregada, dejando de depender de la cuantía de la pensión", afirma Devesa.

 Recuperación de la actividad de "alto espectro"

En su intervención en el Forum, el ministro analízó distintas cuestiones económicas de actualidad. "Tras un invierno y una primavera difícil, estamos teniendo una recuperación de alto espectro desde la Semana Santa" ha indicado. "Junio está siendo un mes de gran dinamismo" sobre todo en hostelería y confía en alcanzar pronto los niveles pre-pandemia.

En cuanto al empleo, si hace un año se pronosticaba una tasa de paro del 20%, cree que esta quedará finalmente al nivel de 2019. En el mes se han creado unos 200.000 empleos.

Por otro lado, de los 3.600.000 personas en ERTE de hace un año ya quedan 300.000 en el sector de hostelería y turismo y unos 150.000 en otros sectores. Matizó que estos últimos pertenecen a empresas que ya tenían problemas antes de la crisis y confía en que "en septiembre la situación será claramente mejor".

Sobre la situación fiscal de los autónomos, señaló que 2/3 de los autónomos cotizarán por debajo de lo que lo hacen ahora. En el primer semestre de 2022 estará en marcha el mecanismo para que los autónomos coticen por sus ingresos reales en el que están trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda.

Sobre la subida del salario mínimo, no cree que haya tenido en su momento o pudiera tener en el futuro efectos concretos sobre el empleo. Eso sí, considera que hay que buscar el momento concreto para hacer esa subida para que pueda ser "significativa y sustantiva".

Finalmente también abordó la reforma de la fiscalidad. "No se trata de recaudar más, ha dicho, pero sí de ser más justos". Además añadió "que hay darle una vuelta a los beneficios fiscales" porque hay ámbitos de la economía en que se produce una infratributación y algunos beneficios no están justificados.