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La Comisión Europea ha iniciado el proceso de revisión de las Directivas de Contratación Pública de la UE. Y Ferma, según ha confirmado, ha participado en la fase de consulta pública. De hecho, la Federación ha publicado su posición, que pasa por solicitar a las autoridades comunitarias que excluyan las pólizas de seguro del ámbito de aplicación de estas Directivas comunitarias.

Ferma sostiene que el actual marco de contratación pública de la UE no se adapta a las necesidades de las organizaciones del sector público que contratan seguros. En su opinión, las Directivas crean ineficiencias en el mercado, desigualdades e impactos negativos para los organismos públicos que tengan que contratar cobertura aseguradora. Es más, Ferma considera que las normas vigentes son excesivamente engorrosas e inflexibles, y no reflejan la naturaleza volátil y cíclica del mercado de seguros.

Ferma argumenta que la compleja carga administrativa asociada a estas Directivas provoca que las aseguradoras opten por no participar en licitaciones públicas, lo que reduce la competencia y en ocasiones puede dejar a entidades del sector público con una capacidad de seguro limitada, condiciones de cobertura más débiles y primas potencialmente más altas que las disponibles para las organizaciones del sector privado.

Para Ferma, esta exclusión se ajustaría a los objetivos generales de las Directivas ya que se sumaría a exclusiones que ya se están aplicando como son los préstamos y otros productos financieros.

"El acceso a una cobertura de seguro suficiente y asequible es fundamental para la resiliencia de las entidades del sector público y redunda en beneficio de los ciudadanos, que en última instancia soportan las pérdidas sufridas por el sector público cuando los riesgos no se transfieren al mercado de seguros", ha subrayado Laurent Nihoul, CEO de Ferma, que ha añadido: "Los rígidos procedimientos de contratación pública no se adaptan bien a los seguros y desalientan la participación de las aseguradoras, lo que reduce la capacidad, debilita la cobertura y puede aumentar las primas para las entidades del sector público". Y ha concluido: "Al igual que otros servicios financieros ya excluidos, los seguros operan en mercados muy dinámicos, en los que los precios y las condiciones cambian rápidamente. Por lo tanto, excluir los seguros del ámbito de aplicación de las Directivas sería una medida lógica y coherente, que contribuiría a garantizar el acceso del sector público a seguros suficientes y asequibles, en interés tanto de la resiliencia como de los ciudadanos".

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