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5.000 millones de euros es el importe del primer tramo de la línea de avales aprobada por el Consejo de Ministros dentro del plan de respuesta a la guerra en Ucrania. El ICO será el encargado de gestionar ese primer tramo en colaboración con las entidades financieras; esa primera línea de 5.000 millones se dirige "a todos los autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de seguros". Y deja una amenaza para la banca para evitar lo que ocurrió en su día con los préstamos ICO: las entidades financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

En concreto, avanza que el objetivo de los avales es reforzar la liquidez de autónomos y empresas afectados por el incremento de los precios de la energía, materias primas o electricidad como consecuencia de la guerra, "garantizando de esta forma su acceso a la liquidez", y dentro del nuevo marco temporal de ayudas aprobado por la Comisión Europea.

Condiciones

Podrán solicitar los avales, hasta el 1 de diciembre de 2022, los autónomos y empresas que no estén en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, ni sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.

"El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años", según el Gobierno.

En el caso de los préstamos por un volumen superior el aval se podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de las empresas. Para estos préstamos el aval coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta 8 años.

A solicitud del deudor, las operaciones tendrán un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por último, insiste en la advertencia a la banca sobre las operaciones: "Asimismo, las entidades financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto".

El Consejo General, satisfecho

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros se felicita de esta amenaza del Gobierno a la banca en los nuevos avales ICO como respuesta a la guerra en Ucrania. "Esta clara advertencia es un triunfo de quienes hemos denunciado constantemente las malas prácticas de la banca en la comercialización de seguros vinculándolos a la concesión de créditos", señalan desde el Consejo General, que añaden: "Es un paso importante en la dirección correcta para acabar con esta situación y que se une a la reciente comunicación del Banco de España exigiendo máxima transparencia".

Adecose, en alerta

Por su parte, Adecose confía en que las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sobre la "prohibición de condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación de ningún otro servicio o producto" sean tenidas en cuenta por las entidades financieras y, no sólo en el caso de la concesión de este tipo de ayudas, sino en el normal desenvolvimiento de estas entidades con sus clientes.

También, ha advertido de que seguirá poniendo en conocimiento de la CNMC denuncias sobre posibles prácticas de carácter anticompetitivo por parte de entidades financieras que vinculen, supeditan o condicionen la concesión de financiación a la previa contratación de seguros por parte de particulares o empresas.

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